El Contralor General del Magdalena, Alejandro Pérez Prada, al término de la reunión realizada en el corregimiento de Guáimaro, se mostró supremamente preocupado por la situación generada por el rio Magdalena en este corregimiento, en el que pudo darse cuenta del abandono y desprotección, en que está sumida la comunidad y hasta el momento, no se han desarrollado obras para evitar una tragedia, solo la Alcaldía viene realizando algunos trabajos de mitigación, con los pocos recursos con que cuenta y considera que se debe decretar ‘la urgencia manifiesta’.
El contralor, Pérez Prada, en dialogo con ‘El Vocero de la Provincia’, manifestó: “Parece que las autoridades como la gobernación departamental y Cormagdalena, no visionaron o mejor, no magnificaron este problema, en épocas anteriores y pareciera que lo tomaron muy superficialmente, ya que se hicieron algunos estudios, pero, parece que no se aplicaron y entraremos a investigar qué pasó con esos estudios previos, porque el contrato para ejecutar las obras de contención de las aguas en Guáimaro, no se ha cumplido, ya que en el 2009, se firmó un convenio entre Cormagdalena y Gobernación del Departamento, con el fin de adelantar estas obras de protección, solo se adjudicó en mayo del 2011, por información suministrada por Cormagdalena y hoy el contratista no ha cumplido con el objeto del contrato y pretendían cobrar el 100%.
Lo preocupante es que parece que existieran mafias dentro de la contratación; ya lo señaló el director de Cormagdalena a la comunidad, cuando dijo que ya habían visitado su oficina con el fin de cobrar el saldo del contrato y él se traslado hasta aquí y comprobó que no se han realizado las obras y por esto, se ha negado a pagar ese saldo. Nos asalta la sospecha de que querían hacer una ilegalidad. Primero, los pilotes contratados deberían ser metálicos y no de madera, como los palos que colocaron y otras irregularidades denunciadas por la comunidad sobre la ejecución del contrato.
El Contralor Pérez Prada señaló “voy a solicitar a Cormagdalena total información sobre este contrato, para establecer si hay violación total del objeto contratado y cuál es la responsabilidad que les cabe a los contratistas, si se presentase una desgracia; puesto que no se entiende, por qué, la Gobernación dilata la contratación y permite que se presente un supuesto detrimento patrimonial” – concluyó el Contralor.
