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Extienden a un año más intervención del Hospital Julio Méndez Barreneche

La Superintendencia Nacional de Salud decidió extender hasta el próximo 11 de mayo de 2022 la medida de intervención forzosa administrativa que pesa sobre el Hospital Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta. La prórroga de la medida busca cumplir y mejorar los indicadores de gestión del plan de acción y una mejor prestación de los servicios de salud.

Recordemos, que en mayo d el año pasado la Supersalud evidenció 59 hallazgos que impedían la correcta prestación del servicio, razón por la cuál se intervino el centro asistencial. Sin embargo, el Superintendente Delegado de Medidas, Germán Guerrero señaló que pese a que la ESE ha trabajado por subsanar las falencias, es necesario extender la medida de intervención “para culminar de manera exitosa el proceso y entregar a los magdalenenses un centro asistencial recuperado y operando al 100%”.

En este sentido, se emitió la resolución 005493 del 10 de mayo de 2021 que prorroga la medida y ordena al centro asistencial nuevas directrices para mejorar la calidad de la atención, entre estas se destacan:

  1. Continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, de la infraestructura, las redes, equipos de refrigeración y los equipos informáticos el cual impactará en la satisfacción en la atención a los usuarios.
  2. Terminar la adecuación, remodelación y dotación de la infraestructura del piso octavo, para habilitar 31 UCI Intermedio y 25 camas de hospitalización.
  3. Continuar con la atención de la pandemia por Covid-19, llevando a cabo las actividades necesarias para tal fin, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud.
  4. Consolidar estados financieros razonables sin salvedades.
  5. Radicar la totalidad de la facturación de vigencias anteriores.
  6. Incrementar la producción de servicios que le permitan garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.
  7. Continuar con la debida defensa en los procesos jurídicos para evitar condenas.

Es preciso mencionar, que el componente jurídico es uno de los que más problemas presenta debido al alto riesgo del centro asistencial por la alta cifra de demandas en su contra. La cuantía por estas acciones legales en contra de la ESE ascendía los $60 mil millones de pesos para marzo de 2021, lo que desestabiliza la sostenibilidad financiera de la entidad y por ende la prestación de los servicios.

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