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Unimagdalena pide a Congresistas que no se prohíban convenios para consultoría especializada

* El máximo dirigente de esta casa de estudios superiores expresó su oposición a este proyecto que representa en promedio para las universidades un 35% de ingresos por la realización de asesorías especializadas.

En una carta enviada a los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara Restrepo respectivamente, el rector de la Universidad del Magdalena Pablo Vera Salazar Ph.D manifestó su preocupación por la inclusión, dentro de la conciliación del proyecto de ley No. 285/2017C “por la cual se adicionan, modifican y dictan otras disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”, de un artículo que prohíbe a las entidades del Estado contratar por la modalidad de selección directa a las IES (Instituciones de Educación Superior) cuando se trate de interventorías de obras y consultoría en ingeniería para obras.

Dicha preocupación estaba presente hasta el pasado 21 de noviembre cuando la plenaria de la Cámara de Representantes, excluyó dicho artículo que contenía la prohibición antes mencionada. “Sin embargo, con preocupación se observa que la tarea legislativa viene nuevamente a generar tensión en los estamentos universitarios, pues se ha conocido la insistente solicitud de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) para que se incluya nuevamente esa funesta prohibición”, reza en uno de los apartes del documento.

Dentro de las consideraciones expuestas por UNIMAGDALENA para solicitar que se haga caso omiso de la petición de la CCI y no se reviva el artículo 50 del proyecto de Ley N° 285/2017C, se fundamentan en que la contratación de interventorías de obras y consultoría en ingeniería para obras, por la modalidad de selección directa con las universidades públicas es conveniente “desde el punto de vista estratégico para la eficiencia de Estado Colombiano, y necesario para la financiación de la educación superior pública, por lo que prohibir esta figura sería un gran despropósito para el Estado”.

Otro de los elementos detallados es que la Ley permite la contratación de interventorías de obras y consultorías en ingeniería para obras mediante la modalidad directa con universidades precisamente su conveniencia. “Las universidades tienen mayor capacidad técnica y científica, transfieren mayor valor agregado y permiten unir esfuerzos para generar mayor desarrollo social. (…) Las universidades son instituciones dedicadas de manera principal a la enseñanza y a la producción de conocimiento científico, por tanto, es natural que sean las IES la que dominen las ramas del conocimiento, como las ingenierías”.

Otra de las ventajas estratégicas de contratar con las universidades es la transferencia de intangibles que se recibe. “Al ser la investigación científica una misión universitaria, la generación de innovación tecnológica es permanente y su transferencia, aunque muchas veces no se valore, es considerable. Contrario sensu, la empresa privada comúnmente no tiene como misión la innovación tecnológica, sino casi de manera exclusiva la generación de utilidades”, precisa la comunicación que destaca como punto importante que esta clase de contratación permite aunar esfuerzos para el desarrollo social pues “el fin de la contratación estatal es el interés general. Al ser la universidad pública una manifestación del Estado, cumple finalidades ligadas a la entidad estatal contratante. Por tanto, en virtud del principio de colaboración armónica de las entidades públicas, estas, al unirse, reúnen esfuerzos en el cumplimiento de los fines constitucionales que las ligan, lo cual permite en mayor grado mejorar las condiciones de desarrollo social del territorio”.

Sobre el proyecto, el rector Vera Salazar ha sido enfático en que prohibir a las universidades públicas cooperar de forma directa con entidades del Estado a través de convenios para consultoría especializada “es atentar no sólo contra con las finanzas de la Universidad pública sino contra el propio Estado. No hay mejor consultor que la Academia”. En este sentido, el máximo dirigente de esta casa de estudios superiores recordó que la venta de servicios de consultoría de las universidades, es una fuente de ingresos constitucional y legal necesaria para la educación superior pues han sido estos recursos los que han permitido el aumento de la cobertura educativa sin que las transferencias de la Nación aumentaran de la misma manera.

“El aliado natural del Estado es la universidad pública en las áreas donde nuestras instituciones puedan aportar (…) prohibirles que puedan hacer consultoría técnica, interventoría o especializada, es simplemente debilitar a la Universidad pública en beneficio de unos actores privados. Esperamos que los congresistas que están en esta conciliación permitan que las IES adelanten convenios interadministrativos con otras entidades del Estado para fortalecer el desarrollo y las políticas públicas”, resaltó.

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