Se avecina la gran jornada nacional de protesta del 21 de noviembre convocada por el Comando Nacional Unitario conformado por las centrales CUT, CTC, CGT y CPC, FECODE, movimientos sociales y estudiantiles, la bancada alternativa del Congreso de la República y otras muchas organizaciones de ciudadanos en todo el país, además de artistas y modelos del espectáculo. Ese día entidades públicas, empresas privadas y centros educativos paralizarán sus actividades, a la vez que se llevarán a cabo marchas pacíficas en todas las ciudades de Colombia, de acuerdo con la invitación realizada por los organizadores.

Las razones que motivan esta protesta generan una nueva controversia y revive la polarización que aparentemente se había superado en el país. De acuerdo con el gobierno nacional la protesta no tiene sentido y su justificación se basa en argumentos mentirosos porque las cifras y los índices que publicita demuestran que el país va bien y no hay razones para la protesta: La economía ha crecido  3,3 % en el tercer trimestre de 2019 (en el mismo periodo de 2018, el indicador se ubicó en 2,6 % según el DANE), el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en lo que va corrido de 2019 es de 3,1 % y el sector de obras civiles creció a más de 10 %.

Sin embargo, para quienes promueven la protesta estas cifras no se reflejan en la cotidianidad de los colombianos que padecen un desempleo del 10,2 %  y un aumento de la inflación al 3,26%, lo cual se expresa en la baja popularidad del primer mandatario que ha llegado al 27%, con tendencia a la baja. Además, declaraciones del Ministerio de Hacienda y del partido de gobierno amenazan con reformas pensional y laboral en detrimento de los trabajadores a lo que se suma la reforma tributaria llamada Ley de Financiamiento que favorece a los más ricos del país. Por otro lado, el movimiento estudiantil reclama el cumplimiento de los acuerdos pactados el año pasado para financiar la educación pública y, todos a una, rechazan la criminalización de la protesta social y la corrupción. Así mismo, las marchas buscan condenar los asesinatos de indígenas en el Cauca, las muertes de líderes sociales y los 158 asesinatos de miembros del partido Farc.

Como si fuera poco, la reciente “operación crisis” bombardeo en San Vicente del Caguán que dejó (entre 8 y 18) saldo aún sin confirmar del número de víctimas menores de edad, poco clara y de dudosos resultados, ha dado más argumentos al inconformismo, así como el desconocimiento de los acuerdos de paz por parte del partido de Gobierno en el Congreso y la lenta implementación de dichos acuerdos por parte de los encargados.

De acuerdo o no con las políticas de la OCDE, el Banco Mundial o el FMI, el derecho a la protesta (Art.37 CN), a la libertad de conciencia (Art.18 CN), a la libre expresión (Art.20 CN) y a la paz (Art.22 CN) están garantizados en la Constitución y el anhelo de todos es que la jornada transcurra en paz, sin vandalismo ni violencia.

Lo que genera desconcierto entre la ciudadanía son las declaraciones de algunos sectores políticos y del Gobierno nacional que tratan de igualar esta protesta con los hechos ocurridos recientemente en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, donde hubo explosiones sociales reactivas y espontáneas ante medidas y políticas de sus gobiernos que se salieron de control ocasionando toda clase de desastres y graves enfrentamientos con saldos lamentables en vidas humanas. A diferencia de dichos movimientos, en Colombia hay una organización responsable, visible, liderando la protesta y que recientemente acordó con el Gobierno “respetar el derecho constitucional de la protesta pacífica”, así como “rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma como mecanismo de reclamación”.

Es la oportunidad para que desde Santa Marta y el Magdalena enviemos un mensaje sereno al país y al mundo de ser capaces de hacernos oír sin traspasar los límites de la protesta legítima y dentro del marco de la sana controversia y cívica convivencia.

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