El Distrito de Santa Marta salió nuevamente victorioso tras un nuevo fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Magdalena que dicta nueve restricciones contra la antigua concesión Recaudos y Tributos (R&T) en su afán de quedarse con $26 mil millones por conceptos de indemnización, luego que el exalcalde Carlos Caicedo les canceló en 2014 el contrato de cobros de impuestos en aras de recuperar la soberanía tributaria de los samarios.

Por medio de la providencia, la justicia declara: “Primero, no probada la excepción de caducidad propuesta por la sociedad R&T; segundo, no probada lo excepción de inepta demanda propuesto por lo sociedad por la sociedad R&T; tercero, no probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la sociedad por  R&T”.

“Cuarto, declara la nulidad absoluta del contrato No. 092 de 2602 otrosí No. 1 de 23 de enero de 2009 y otrosí No.2 del 1 de septiembre de 2010 suscritos entre el Distrito de Santa Marta y la sociedad R&T S.A., cuyo objeto es la modernización del sistema y la gestión de los recaudos tributarios del Disi, o  a través de la implementación de modernas técnicas de sistematización y de información, la complementación, depuración y actualización de las bases de datos de los tributos locales y la atención e información al contribuyente”.

De igual forma, el Tribunal profiere: “Quinto, sin lugar a restituciones mutuas; sexto, denegar la pretensión de reparación interpuesta por la sociedad R&T S.A. en contra del Distrito; séptimo,  no condenar en costos o las partes; octavo, reconocer personería como apoderado sustituto de la sociedad R&T S.A. al profesional del derecho, Enrique José Arboleda Perdomo -teniendo en cuenta el escrito obrante o folio 1324 del expediente-; noveno -si no fuere apelada la sentencia-  ordenar el archivo del expediente”.

La medida obedece a la gestión iniciada por Caicedo, quien en 2012 –su primer año en su periodo como alcalde- emprendió una fuerte lucha contra la concesión que controlaba los impuestos en la capital del Magdalena desde el 2002, argumentado que además de ser una entidad ilegal, las acciones de R&T constituían un perjuicio contra el patrimonio de Santa Marta.

Al igual que Metroagua –antigua concesión que prestaba el servicio de acueducto y alcantarillado bajo pésimas condiciones en la ciudad, por lo que también se le canceló el contrato- R&T era filial de Canal Isabel II del grupo español Inassa, salpicado por la Justicia y por denuncias del dirigente costeño de perpetrar múltiples irregularidades y sobornos.

Conforme a ello, la Fiscalía cursa varias investigaciones contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, acusado por Caicedo de recibir pago de coimas para resolver a favor de R&T en la disputa de los $66 mil millones como reparación a la cancelación de su contrato. Según el ente acusador, las denuncias también tienen viabilidad toda vez que el supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos.

Se trata de la sentencia 1082 de 2012, por medio de la cual, el exmagistrado le había dado la razón a R&T, al impugnar un fallo del Juzgado Quinto Civil de Santa Marta, el cual resolvió una demanda de la firma por la terminación de un contrato suscrito entre esta y la Administración de la capital del Magdalena.

“Pretelt fue quien conoció en la Corte la revisión de tutela que en primera y segunda instancia fallaron los jueces civiles de Santa Marta a favor de la concesión R&T, pese a la decisión que nosotros tomamos en el primer trimestre de 2012 para terminar esta concesión leonina que privatizó los impuestos de la ciudad, siendo eso algo contrario a la Ley. Vamos a continuar con esta lucha y con las denuncias que tengamos que impulsar para que Inassa, Metroagua y R&T indemnicen a Santa Marta porque ellos tanto como Pretelt están en deuda con la ciudad”, indicó Caicedo en su momento.

Es de destacar que las presumibles acciones de los acusados le habrían costado a Santa Marta cerca de $70 mil millones, lo que hubiese sido peor de no ser por Caicedo, quien impuso la terminación diligente del contrato, ahorrándole a la ciudad cerca de $140 mil millones que finalmente fueron invertidos en obras públicas por el actual alcalde Rafael Martínez.

Finalmente, Carlos Caicedo manifestó que esta denuncia le costó una investigación en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, que al parecer buscaba frenar el proceso que había adelantado.

‘‘Inclusive, el excontralor distrital, Horacio Escobar -pariente del abogado Escobar- le pidió al Presidente que me retirara del cargo como Alcalde porque le preocupaba que fuéramos a fondo contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron dicha investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay un sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas”, acusó Carlos Caicedo.

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