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Los otro sí de Metroagua redujeron los ingresos del distrito

El informe que presentó el alcalde Carlos Caicedo señala que el 27 de noviembre de 1989, el Distrito de Santa Marta, suscribió con Metroagua S.A el contrato de arrendamiento número 074. La empresa solo arrendó los sistemas de acueducto y alcantarillado para prestar los servicios y el Distrito podía declarar la caducidad por incumplimiento, la cual se hizo efectiva el 17 de octubre de 1990.

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La contraprestación que debía pagar Metroagua S.A al Distrito era de $183.000.000 anuales, más el 33% de los recaudos brutos, que se percibieran por el cobro de la tasa a los usuarios de los servicios. Se firmaron varios Otrosí en 1991, 1996 y 1997.

En 1996 se firmó un Otrosí el cual incluía algunas modificaciones pero se mantenía la esencia del contrato garante para la ciudad. Pero en 1997 Luis Cuello Loperena, como alcalde encargado, y Jaime Solano Jimeno, suscribieron otro.

Este se modificó y en él quedó establecido que Metroagua ya no pagaría al Distrito el 33% de los recaudos sino el 2%. Así mismo, se prorrogó el contrato hasta el 17 de abril de 2017.

En abril de 2002, siendo Jaime Solano alcalde se modificó el contrato inicial para aumentar los bienes cedidos a Metroagua e incluir los futuros. En ese mismo contrato se excluyó al Distrito como interventor de la empresa. En 2002 durante el mandato de Hugo Gnecco se volvió a cambiar el contrato para liberar a Metroagua de los costos, gastos operacionales y de inversión.

«Se eliminó la cláusula que permitía al Distrito declarar la caducidad del contrato por grave incumplimiento de la empresa de acueducto y alcantarillado.

Se limitó el objeto de la interventoría a la verificación de los recursos invertidos en las obras y mejoras, no a la calidad del servicio, y se sometieron las controversias sobre el contrato a arbitramento, como principales modificaciones», indica el informe.

El alcalde Carlos Caicedo indicó que las concesiones se van a revisar para que haya equidad en la ciudad. Que evaluará los caminos jurídicos porque es potestad del Distrito revisar por vía administrativa dichos contratos.

«Si hay que acudir al Gobierno Nacional, a la Superintendencia, a la opinión pública, se va a hacer para que se sepa que hay una administración preocupada por mejorar la calidad de vida de todos a través de los servicios que prestan estas concesiones», sostuvo el alcalde Carlos Caicedo.

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