En cumplimiento de lo dispuesto por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su empeño por erradicar la corrupción de la administración pública y de conformidad con el plan “Bolsillo de Cristal”, avanzan las investigaciones y procesos penales ordenados contra los alcaldes de Tenerife, Chibolo, Ciénaga, El Banco y Plato.
Los mandatarios Jorge Mercado Botero, de Tenerife, Jairo Molina De Arco, y Dilia Margarita Villalba Molina, de Plato, Hernán Julio Barrios Orozco, de Chibolo, Edgardo Pérez Díaz, de Ciénaga, y Víctor Rangel López, de El Banco, son investigados y procesados penalmente en atención a las múltiples denuncias presentadas en su contra, por la comisión de delitos contra la administración pública y contra la fe pública.
Jorge Mercado, de Tenerife, es señalado como autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción. Falsedad en documento público y peculado por apropiación, supuestamente cometidos en la adjudicación de varias licitaciones públicas y en la suscripción de contratos en el año 2016.
Edgardo “El Nene” Pérez, de Ciénaga, es investigado por el delito de falsedad por ocultamiento de documento público
Así mismo, la Fiscalía investiga la conducta de Hernán Julio Barrios, alcalde de Chibolo, al incurrir presuntamente en la comisión de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, al haber adjudicado irregularmente varios procesos licitatorios y con la suscripción de contratos de obras públicas en los que pudieron ser ilegalmente favorecidos los contratistas Alexander Orozco Contreras, Carlos Armella Contreras y José Carmona Villa, quienes serían vinculados a la investigación que se adelanta contra el mandatario Barrios Orozco.
A su turno, Víctor Rangel López, alcalde de El Banco, es procesado por fraude procesal, obtención de documento público falso, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares y está por determinarse si se le investiga por el delito concierto para delinquir agravado.
