El pasado 12 de julio de 2017 el Ministerio de Minas y Energía firmó la Resolución 31537, mediante la cual se aprueba el primer registro de una empresa como importadora de biocombustibles para motores diesel (biodiesel), lo que abre la puerta a importaciones contrarias a las normas del comercio internacional, generando un precedente negativo con graves implicaciones para la producción nacional de biocombustibles y en particular para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, impactando a más de 6.000 cultivadores, cerca de 85 % considerados pequeños productores, ubicados en más de 150 municipios en 21 departamentos.

Esto, en la medida en que el Gobierno pasa por alto que los biocombustibles no responden a las leyes de oferta y demanda, son productos regulados y altamente subsidiados. Razón por la cual los precios de estos productos son distorsionados y su comercio sujeto a medidas de defensa comercial en varios países. Precisamente, por los considerables apoyos de los países exportadores de biocombustibles, se han llegado a generar disputas de orden comercial, a manera de ejemplo, la Unión Europea ha impuesto medidas anti dumping y derechos compensatorios a países como Argentina e Indonesia.

La industria nacional de biocombustibles y los agricultores colombianos están en capacidad de atender el mercado nacional de manera eficiente, oportuna y de competir, siempre y cuando se brinden las condiciones de equidad y competitividad e igualdad con el resto del mundo.

Con esta decisión, el Gobierno Nacional demuestra una inconsistencia con la política nacional de biocombustibles, que dio origen al documento CONPES 3510 de 2008, y que fue concebida con los propósitos de diversificar la canasta energética del país, mejorar la calidad del aire, estimular la producción local de materia prima, e impulsar el empleo formal en el agro, y por lo cual, en virtud de los mismos, promovió y apoyó la producción de biocombustibles colombianos.

Es claro, que a partir de dicha promoción y con el fin de atender ese nuevo nicho de mercado el sector palmero colombiano incrementó sus inversiones en cultivos y capacidad de extracción de aceite de palma. Así mismo, con esfuerzo se adelantaron desde el sector privado las inversiones industriales que hoy en día permiten tener la capacidad de producir

Así mismo, se olvida que los biocombustibles han generado desarrollo rural. En el caso del biodiésel, la agroindustria de la palma de aceite, gracias a ser intensiva en mano de obra, genera alrededor de 160 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos, con remuneraciones superiores en 20 % a las de otras actividades agrícolas del país.

Adicionalmente, la palmicultura ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las regiones donde se desarrolla, muchas de ellas profundamente afectadas por situaciones de conflicto armado. De acuerdo con un estudio comparativo entre los municipios palmeros y los no palmeros, con alta incidencia del conflicto, llevado a cabo por DNP en 2016, se observa que los ingresos de los primeros fueron 30 % superiores a los de los segundos, lo que el mismo DNP denominó el dividendo social de la palmicultura.

Resulta especialmente contradictorio que en una etapa tan crucial para el país como la del postconflicto, en la que el Gobierno Nacional está comprometido con impulsar iniciativas que contribuyan a generar mayores oportunidades de desarrollo formal en el campo.

Finalmente, los gremios hacen un llamado al Gobierno Nacional a guardar la consistencia entre las políticas públicas de biocombustibles y las que corresponden al desarrollo del agro e impulso a las energías renovables, de cara a una etapa en la cual el desarrollo agrario y la ruralidad son prioridades para consolidar la paz en nuestro país.

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