El próximo 26 de agosto se desarrollará en el territorio colombiano ‘la Consulta Anticorrupción’, donde un grupo de políticos está convocando al pueblo colombiano que rompa las cadenas que oprimen al país y que ha sido la causa de grandes enfrentamientos y procesos delictivos, que tienen agobiado y cansado al pueblo colombiano, porque en nuestro país, gracias a la forma como se ha desarrollado la ejecución de proyectos de toda índole, ya sea de infraestructura o de servicios, todos tienen fecha de inicio, pero es incierta la fecha de finalización y en el entre fechas, se presentan innumerables situaciones que permite el desarrollo de actos de corrupción. De tal manera que los ciudadanos de bien deseamos y envidiamos que todos los proyectos se desarrollen correctamente, porque ¿quién no quiere que los congresistas de Colombia devenguen un salario normal? ¿Quién no desea que los culpables de actos de corrupción sean condenados a pasar gran temporada en la  cárcely una vez cumplida la pena no se les permita contratar con el Estado.

Todos los ciudadanos promovemos por una contratación transparente, que los resultados de un concurso o licitación sea adjudicada al mejor proponente y no al mejor ‘amigo’ o quién mejor ofrezca para que lo favorezcan con determinado contrato.

Pero lo cierto es, que de los 7 puntos de la Consulta, todos se encuentran incorporados  y vigentes, en la normatividad colombiana, en nuestra Constitución o en el Código Disciplinario. En nuestro país con tantas y tantas leyes, se ha promulgado que los presupuestos, tanto de la Nación, como los de los departamentos, como los de los municipios deben ser socializados ante la comunidad y que sea esta la que tome nota y guarde los datos para utilizar la información a medida que avanza el tiempo de ejecución y establecer como veedor primario si va bien la utilización de los recursos.

Es decir que todo lo que se propone en la consulta no es nada nuevo y bien sea que los colombianos salgamos a votar la consulta o el Congreso en pleno apruebe, por ejemplo lo anterior expuesto y que un parlamentario o cualquier funcionario público, llámese concejal, diputado o desempeñe un cargo que signifique poder no pueda ejercer el cargo por más de tres periodos, que durante su permanencia el pueblo conozca las propiedades e ingresos que ha tenido este funcionario durante la ejecución de su cargo y cuál ha sido el desempeño durante el tiempo que ha ejecutado su labor en el cargo que desempeñaba.

Pero todo esto es lo mismo que lo que deseamos los ciudadanos de bien que pensamos con honestidad y que creemos que los mejores son los que deben desempeñar cargos públicos y privados.

Considero que la mayoría de los colombianos ansiamos que nuestro país sea uno de los más impolutos, limpios y transparentes en la ejecución de los proyectos que significan el avance de una nación ante los retos del modernismo y desarrollo.

Pero el interrogante es, ¿valdrá la pena votar una Consulta cuando la Constitución, sólo puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente, o por el pueblo, mediante Referendo?

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