Completamos sesenta días de la nueva era administrativa del periodo constitucional 2016 – 2019, ya se vislumbra las ganas de nuestra gobernadora de iniciar las gestiones que conducirán al departamento al desarrollo de la política social, Gestión Ambiental; Política Social y Poblaciones vulnerables; Victimas, Paz y Derechos Humanos; Desarrollo Económico y Competitividad y Fortalecimiento Institucional para hacer del Departamento un Magdalena participativo, productivo, incluyente, equitativo y con desarrollo social.
Esta forma de pensar y actuar demuestra la decisión de Rosa Cotes de involucrar en su Plan de Gobierno a todas las fuerzas vivas magdalenense que con los alcaldes municipales y contando con el apoyo de nuestros parlamentarios se minimizarán los grandes problemas que estamos afrontando, convirtiéndolos en grandes soluciones que llevarán progreso a cada una de las sub regiones en que se encuentra dividido el territorio departamental.
Este año son grandes los retos que afrontaran las administraciones del departamento, alcaldías, concejales, diputados, no solo en las áreas de los servicios públicos sino en la seguridad y un tema de novedad, como es la atención al pos conflicto.
Si la paz se logra firmar en el tiempo estipulado, muchos serán los ex combatientes o ex integrantes de los diferentes frentes de las filas guerrilleras que lleguen a esta región en especial a la Sierra Nevada, pues la ven como un sitio estratégico para vivir desapercibidos y allí podrán adelantar muchas de sus actividades, ya que hasta ahora no se vislumbra plan alguno para resocializar a estos ex combatientes con el fin de que se reintegren a la sociedad y estas personas que contemplan esta gran oportunidad la mayoría no son oriundos de estas regiones y por culpa de este gobierno nacional empeñado en ‘firmar’ un tratado de paz a cualquier precio, se pueda desencadenar otra situación de perturbación del orden público y nos veamos involucrados en una nueva guerra, que esta vez la tendremos muy cercana a nosotros que vivimos en un territorio de paz y que ya vivió los horrores del conflicto.
Por lo tanto, elevamos nuestras voces para que la gobernadora, los alcaldes, diputados, concejales y parlamentarios de la Región Caribe hagan causa común para evitar la debacle que se nos avecina, por las imprecisiones del gobierno nacional que no le importa a quien pueda perjudicar ni a cuantos perjudique, pero, lo esencial es firmar, aunque sea un proceso de impunidad y que no beneficie a los colombianos.
Atención colombianos, caribeños, aunemos esfuerzos para que no permitamos la avalancha de desadaptados que se nos vendrán, establezcamos con el gobierno condiciones para atender esta contingencia, así como el gobierno habla de programas para ser desarrollados por los entes territoriales, que el mismo gobierno establezca dentro del presupuesto nacional el rubro para la atención de los desmovilizados con los suficientes recursos para financiarlos.
Aunque, nuestro pensamiento es que primero el gobierno del presidente Santos debe orientar y educar a estos desmovilizados para que accedan a los programas de desarrollo social. No nos olvidemos que la mayoría provienen de estrato bajo y que nunca en su vida han cogido un libro, es decir que lo único que saben es utilizar un ‘fierro’ para sobrevivir.
