Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente  culpable. Quien sea sindicado tiene derecho  a la defensa  y a la asistencia de un Abogado escogido por el o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento (…).Estos son partes de lo que establece la constitución Política de Colombia, articulo 29 como uno de los Derechos Fundamentales; sin embargo, y de manera preocupante  actualmente cursa en el Congreso de la República El proyecto de ley 198 del 2018, “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”, este proyecto de Ley en su artículo 6 esboza lo siguiente: Adicionase el articulo 340 A de la Ley  599 de 2000, el cual quedara así. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos  jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea  de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito  de servir  o contribuir a los fines ilícitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos  Armados Organizados, incurrirá  por esa sola conducta en prisión de seis (6) a diez (10) años de prisión  e inhabilidad  para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) años.

No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicio consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen licito de los honorarios. En todo caso el Estado garantizara la defensa técnica. Este proyecto de ley tal como está siendo tramitado –al menos el artículo en mención- es a todas luces inconstitucional, absurdo  y lesivo en demasía para varias profesiones siendo una de ellas la Abogacía porque:

1). Elimina de tajo la presunción de inocencia no del cliente sino, óigase bien “del abogado”  obligándolo a investigar a su posible cliente para saber si pertenece o no a un Grupo Delictivo Organizado o a un Grupo Armado Organizado o No, y yo pregunto ¿será  que estas organizaciones  tienen propaganda, carteles de avisos publicitarios o  no? , hoy la realidad –y yo la considero correcta por lo liberal– es de que, simplemente quien desee un concepto o un estudio jurídico de un caso  cualquiera que sea  puede consultar a un jurista  lo que quiera y desee sin restricción alguna pagándole sus honorarios correspondientes, esto por ser la Abogacía una profesión necesaria, liberal y social.

 2).El deber de acreditar sumariamente el origen licito de los honorarios pagados al  abogado, “esto sí que es absurdo”, y también me pregunto ¿de qué manera podría saber el abogado que determinados dineros que le paguen  por honorarios son lícitos o ilícitos? , ¿Tendrá el abogado  la obligación de exigir a su  cliente  un documento  de idoneidad de la procedencia de los dineros que paga?, ¿podrá el abogado motu  propio conseguir que las entidades Bancaria le suministren información financiera de sus clientes sin ellos autorizarlas y sin tener orden judicial?.

3). Yo manifiesto: Si bien el articulo deja entre duda de manera escueta “la defensa técnica”, nada dice de la inhabilidad para el ejercicio de la prohibición por espacio de veinte (20) años, algo que es grave, por decir los menos y que tal como está redactada no deja duda alguna de exoneración y

4). En todo caso el  Estado garantizara la defensa técnica,  aquí  si bien pareciera como que hay  una luz de esperanza de ejercicio  liberal de la profesión, el no definir el cómo  permite inferir que prima lo definido expreso con anterioridad en el artículo. Comentando de manera sucinta el  artículo emito  un campanazo de alerta  en la protección de los derechos de los profesionales en general y de la Abogacía en particular, reafirmándome en la violación al derecho de defensa contemplado en los tratados internacionales relativos a los derechos humanos que forman parte del bloque de  constitucionalidad, la Constitución  Política  y la ley ya establecida en general.

 * Abogado  e Ingeniero Electrónico

melchortiradot@gmail.com

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