Por. José Félix Lafaurie Rivera -@jflafaurie

 2 de octubre de 2017. Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara protagonizaron un atropello a la democracia, aceitado desde la Casa de Nariño. Como la Corte Constitucional revivió el debate en el Congreso y la Unidad flaquea frente a los intereses del 2018, el Gobierno vio nubarrones en la aprobación de la Ley de la JEP y recurrió al chantaje.

 La prensa reseñó que más de 30 parlamentarios “visitaron” al presidente  antes de la votación. No fue visita social; fueron “llamados a pullengue” como decimos en la Costa. No sé qué entiende el presidente por chantaje, pero el suyo es indiscutible: “Esto no es una amenaza. No es un chantaje, pero quien no apoye el proceso de paz no puede estar en mi gobierno”. Lo cierto es que salieron rapidito y, en un santiamén, aprobaron 102 artículos en bloque.

Quienes estaban por los pasillos del Congreso vieron el bochornoso espectáculo de los parlamentarios escondiéndoseles a los ministros. Saben muy bien que hoy aprueban, pero mañana podrán ser perseguidos por esa justicia. Saben que hoy abren espacios, pero ni con mermelada y financiación estatal podrán competir en las urnas con los recursos millonarios del narcotráfico fariano.

 2 de octubre de 2016. Hace un año se celebró el llamado “plebiscito por la paz”, que no era por la paz, sino para ratificar el Acuerdo Final con las Farc.

Los que votamos por el NO vencimos y hoy deberíamos celebrar que, gracias a ello, las Farc entregaron sus armas y se reincorporaron a la sociedad, pero dentro de las condiciones del Estado de Derecho al que 47 millones de colombianos estamos sometidos, y no bajo las de 8.000 terroristas que impusieron su ideología con la presión extorsiva de las armas.

Con modificaciones cosméticas nos birlaron la victoria y el presidente atentó contra la democracia al despreciar la voz del pueblo en las urnas. Tras la derrota, llevó al Congreso el nuevo Acuerdo Final, ratificado sin problema gracias a una Unidad pegada con generosa mermelada –puestos y cupos indicativos–.

Lo que vino después es conocido: el fast track estaba listo para garantizar una implementación rápida y sin modificaciones, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional, que se reivindicó incluyendo talanqueras que el Gobierno ha buscado neutralizar con sus mayorías, aprobando leyes a las volandas, la última de ellas, la de la JEP, crucial para la democracia.

Hoy no estamos celebrando quienes deberíamos, sino el Gobierno y las Farc, que ratificaron un Acuerdo a espaldas del país y, de aniversario, expedirán la Ley JEP, gracias a que la “Categórica advertencia de Santos mejora clima de justicia para la paz”, como tituló con cinismo la prensa oficial.

 Nota bene. Importantes las modificaciones del Fiscal a la JEP: garantías para las víctimas y exclusión para disidentes, reincidentes y testaferros.

 

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